El debate por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales está tan descentralizado del eje principal, que tanto el gobierno como la oposición, discuten otros problemas. La polarización que el modelo kirchnerista utiliza como arma para cada una de sus luchas, trae como inmediata consecuencia, el desvío de la atención del tema en cuestión. Desde la campaña para las elecciones legislativas de junio de este año, el discurso oficial se basó en “nosotros o el 2001” y “la nueva ley o la ley de la dictadura”, por dar algún ejemplo.
Cabe aclarar que la Ley de Radiodifusión (22.285) decretada en 1980, fue modificada varias veces en época de democracia, desde 1983 hasta hoy. Pero como pasa con las calles, no siempre se puede poner parches para tapar los pozos. A veces, hay que hacer un nuevo asfalto. Con la ley pasa lo mismo. Los soportes técnicos han evolucionado notablemente en los últimos 30 años. En 1980 no existía internet, televisión por cable, celulares, banda ancha. Por esto, hace falta una nueva legislación.
Algunos opositores a esta ley, basan sus fundamentos en el artículo 32 de la Constitución Nacional (“El Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”), para que no se debata en el Congreso. Este artículo fue incorporado en el año 1860 cuando Buenos Aires se unió a la Confederación. Difícilmente los legisladores de aquel entonces hubieran podido imaginar el desarrollo que los medios de comunicación tendrían 140 años después. De hecho, no lo hicieron. Este artículo sólo habla de la libertad de imprenta, y en la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios gráficos no están incluidos.
¿Por qué se deben reglamentar las licencias de las radios y de los canales de televisión y no de los medios gráficos? Porque el espectro radiofónico y televisivo son limitados. En cambio el papel, no lo es. (Al menos por ahora) Por lo tanto entra en juego un derecho fundamental: dar y recibir información, y una de las características de esta información es que ésta debe ser clara. El objetivo de las licencias es administrar las frecuencias y evitar la distorsión. Así, el ámbito privado, el público y las organizaciones sociales podrán tener acceso a una sintonía en el dial o a un canal en cable, y de esta manera se podrá evitar que un grupo multimedio ocupe todo el espectro.
La ley es necesaria. Tan necesaria como perfectible. Con los años deberá ser modificada y tendrá que contar con nuevos artículos, según los avances tecnológicos de los medios de comunicación y de la sociedad. Parte de la oposición no la aprueba porque fue enviada por el gobierno y otros porque afecta a intereses propios. El gobierno se equivoca en usar este proyecto para destruir al Grupo Clarín. Clarín, obviamente, se defiende y se va a defender golpeando al gobierno. Y en el medio está el Estado. Que no es el gobierno, ni la oposición, ni el Grupo Clarín. El Estado somos todos. Es el hoy y el futuro del país. Las leyes son para el Estado y no para los gobiernos. Mientras el Estado se bombardea contra sus enemigos de turno, muchas bombas caen en el medio y le explotan a la gente una vez más.
Cabe aclarar que la Ley de Radiodifusión (22.285) decretada en 1980, fue modificada varias veces en época de democracia, desde 1983 hasta hoy. Pero como pasa con las calles, no siempre se puede poner parches para tapar los pozos. A veces, hay que hacer un nuevo asfalto. Con la ley pasa lo mismo. Los soportes técnicos han evolucionado notablemente en los últimos 30 años. En 1980 no existía internet, televisión por cable, celulares, banda ancha. Por esto, hace falta una nueva legislación.
Algunos opositores a esta ley, basan sus fundamentos en el artículo 32 de la Constitución Nacional (“El Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”), para que no se debata en el Congreso. Este artículo fue incorporado en el año 1860 cuando Buenos Aires se unió a la Confederación. Difícilmente los legisladores de aquel entonces hubieran podido imaginar el desarrollo que los medios de comunicación tendrían 140 años después. De hecho, no lo hicieron. Este artículo sólo habla de la libertad de imprenta, y en la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios gráficos no están incluidos.
¿Por qué se deben reglamentar las licencias de las radios y de los canales de televisión y no de los medios gráficos? Porque el espectro radiofónico y televisivo son limitados. En cambio el papel, no lo es. (Al menos por ahora) Por lo tanto entra en juego un derecho fundamental: dar y recibir información, y una de las características de esta información es que ésta debe ser clara. El objetivo de las licencias es administrar las frecuencias y evitar la distorsión. Así, el ámbito privado, el público y las organizaciones sociales podrán tener acceso a una sintonía en el dial o a un canal en cable, y de esta manera se podrá evitar que un grupo multimedio ocupe todo el espectro.
La ley es necesaria. Tan necesaria como perfectible. Con los años deberá ser modificada y tendrá que contar con nuevos artículos, según los avances tecnológicos de los medios de comunicación y de la sociedad. Parte de la oposición no la aprueba porque fue enviada por el gobierno y otros porque afecta a intereses propios. El gobierno se equivoca en usar este proyecto para destruir al Grupo Clarín. Clarín, obviamente, se defiende y se va a defender golpeando al gobierno. Y en el medio está el Estado. Que no es el gobierno, ni la oposición, ni el Grupo Clarín. El Estado somos todos. Es el hoy y el futuro del país. Las leyes son para el Estado y no para los gobiernos. Mientras el Estado se bombardea contra sus enemigos de turno, muchas bombas caen en el medio y le explotan a la gente una vez más.
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